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Por Enver Vega Figueroa (*)
La pandemia nos ha planteado una situación social muy compleja. Mi solidaridad con el grupo de mis colegas trabajadores independientes. Brindar asistencia temporal (ya sea económica, mediante alimentos, con suspensión de pago de servicios básicos, exoneración de pagos de pensiones escolares y universitarias, etc.) requiere contar con datos e información que muestre la situación socio-económica del impacto de la crisis por la pandemia del Covid-19.
Una tarea para universidades y gobiernos subnacionales. Más aún, cuando desde la perspectiva del gobierno, se considera que la vulnerabilidad de las personas o grupos sociales está condicionada a su estrato socio-económico, lo cual es un error. Hay personas y grupos vulnerables entre los pobres, entre los pobres extremos y entre los no pobres.
Además, han surgido una serie de observaciones y cuestionamientos sobre la calidad de la medición de la pobreza y su clasificación a cargo del INEI y el SISFOH. Tras el anuncio del primer caso de contagio, el 6 de marzo, y luego, la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, el 11 de marzo pasado, los centros de operaciones de emergencia a nivel distrital, provincial y regional debieron de haber iniciado el empadronamiento de la población, porque ya se conocía el patrón de comportamiento de la enfermedad y las restricciones que se debían de adoptar.
Hay varios sistemas que no han funcionado en esta emergencia y deben de ser rediseñados o eliminados post Covid-19: Sistema de Focalización de Pobreza, por ejemplo; también el Sistema Estadístico Nacional (no genera información en tiempo real para la toma de decisiones en situaciones de crisis), el Sistema de Defensa Nacional (control de fronteras, por ejemplo), Sistema de Seguridad Ciudadana (ni el modelo de seguridad reactivo [represivo] ayudó en el control social), el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres (no funciona la respuesta ante una emergencia nacional), entre otros. Covid-19 ha desnudado la hipocresía y doble moral del Estado: ni salud, ni educación, ni seguridad, han sido prioridad del Estado.
(*) Investigador social. Consultor en seguridad multidimensional
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