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Por Marino Llanos
El colega periodista Ronald Ormeño Gonzales acaba de ser recluido en el Penal de Carquín al revocársele la sentencia que sobre él recaía producto de una querella por el delito de difamación y calumnia; en este caso llama la atención la inmediatez con que ha actuado la Corte Superior de Justicia de Huaura para emitir sentencia condenatoria por un año y el pago de una reparación civil a todas luces exagerada (10 mil soles); sin embargo los periodistas y la comunidad somos testigos de innumerables procesos judiciales de madres solteras que exigen ante la justicia la manutención de sus hijos; meses y hasta años pugnan por hallar una sentencia favorable para los suyos, sin embargo en estos casos hay un Poder Judicial lento y cómplice de injusticia.
Recientemente hemos apreciado la movilización de madres con sus hijos y trabajadores de la poderosa empresa AIPSA Paramonga ante la Corte de Justicia Huaura, reclamando el pago de sus beneficios laborales que le adeudan desde el año 1989 al 2010, pero tampoco hay justicia, más de 25 años de marchas, memoriales y protestas, incluso muchos curtidos trabajadores murieron en el camino sin encontrar respuesta favorable a su demanda; para este caso también hay un Poder Judicial indiferente.
Si nos ponemos a revisar otros procesos, como abusos sexuales a menores, despidos arbitrarios, deudas laborales y el emblemático caso Andahuasi y otros, la realidad es similar a lo señalado anteriormente; ¿estamos acaso asistiendo a la acuñada frase que en la Corte de Huaura se aplica la Ley del embudo?, ¿se agilizan ciertos procesos a la medida de algunas demandas?.
Estas y otras interrogantes surgen al conocer cómo se manejan los procesos judiciales cuando se trata de periodistas muchas veces críticos de un vapuleado Poder Judicial que parece estar más atento a los tropiezos periodísticos y descuida su verdadera esencia que es administrar justicias para la gente más humilde y desprotegida.
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